El pleno de la Comisión Permanente volverá a reunirse el martes 14 de julio al mediodía, luego de que no se completara la revisión de los pedidos de incorporación presentados el pasado jueves 10.

La Comisión de Presupuesto del Congreso solicitó este lunes una segunda ampliación del cuarto intermedio en el debate del proyecto de ley de crédito suplementario (PL 14799/2025-P). El pleno de la Comisión Permanente no retomará la discusión hasta el martes 14 de julio al mediodía.

La nueva suspensión postergó también la definición sobre la gratificación de julio para los trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), uno de los puntos pendientes de incorporación al dictamen.

Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, informó al pleno que el volumen de pedidos de incorporación presentados por los congresistas durante la sesión del jueves 10 —artículos adicionales y financiamiento para proyectos de inversión en múltiples regiones— impidió completar a tiempo la revisión técnica.

El legislador de Alianza para el Progreso (APP) descartó que la medida obedezca a motivos políticos. “Esta solicitud no responde a una falta de voluntad política ni busca dilatar el debate. Responde exclusivamente a razones técnicas y operativas“, afirmó Soto ante el hemiciclo.

Por qué se suspendió el debate

Soto explicó que la evaluación de la viabilidad técnica, legal y presupuestal de cada propuesta corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no a la comisión que preside. Pese a las reuniones de trabajo sostenidas entre ambas instancias durante los días previos, ese proceso “aún a la fecha no ha podido concluirse”.

El volumen y la complejidad de las incorporaciones solicitadas, que involucran múltiples sectores, pliegos y fuentes de financiamiento, han demandado un proceso operativo adicional de revisión e ingreso de información en los sistemas del MEF“, detalló el congresista. Advirtió que aprobar el texto sin esa validación podría generar inconsistencias que luego dificulten la ejecución de los recursos destinados a la inversión pública y a la continuidad de los servicios del Estado.

Por Editor

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