La Fiscalía abrió investigación preliminar contra 39 personas, entre ellas el rector de la Universidad San Pedro (USP), Javier Ulloa Siccha; los vicerrectores Rogelio Castañeda Gamboa y Javier Martínez Carrión; dos notarios y un registrador público, por presuntos delitos de administración fraudulenta, falsificación de documentos, uso de documento falso y falsedad ideológica, en el marco de la inscripción de las actuales autoridades de esa casa de estudios ante la Sunarp.

La disposición, emitida el 16 de junio por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, establece un plazo de 60 días para las diligencias preliminares y encarga a la Policía Nacional ejecutar una serie de actuaciones orientadas a esclarecer los hechos denunciados. La investigación considera como agraviados a la USP, al exrector Gilmer Díaz Tello, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y al Estado.

Además de las actuales autoridades universitarias, la investigación comprende a los integrantes de la Asamblea Universitaria, al notario César Antonio Macedo Figueroa, al notario Eduardo Pastor la Rosa y al registrador público Zegel Basilio Santos.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó recibir las declaraciones de todos los investigados, recabar sus antecedentes policiales, penales y judiciales, y designarles defensa pública mientras no nombren abogados particulares.

Asimismo, dispuso tomar la declaración testimonial de Luis Venegas Gordillo, a quien la propia disposición identifica como rector legítimo de la Universidad San Pedro, para que informe sobre las competencias internas de la institución y las acciones adoptadas frente a los hechos materia de investigación.

La Fiscalía también requirió a la Sunarp remitir el título archivado completo que dio origen a la inscripción cuestionada, así como un informe detallado sobre las razones por las que la Oficina Registral de Chimbote rechazó previamente ese trámite en cuatro oportunidades. 

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Del mismo modo, ordenó solicitar al notario César Macedo Figueroa el kárdex relacionado con la tramitación del título registral y requerir al notario Eduardo Pastor la Rosa el registro de legalización de firmas correspondiente a mayo de 2025, además de cualquier registro biométrico o fotográfico que permita establecer la identidad de la persona que realizó ese trámite.

Entre las diligencias figura también un requerimiento al Reniec para que informe si durante mayo de 2025 —con especial énfasis en el día 20— se efectuaron consultas de identidad o validaciones biométricas relacionadas con el DNI de Díaz Tello desde el despacho notarial involucrado. Asimismo, se solicitó a la Sunedu remitir el informe mediante el cual recomendó cancelar el registro de las autoridades universitarias e informar sobre la situación actual de la personería jurídica e institucional de la universidad.

La disposición fiscal recoge como uno de los hechos materia de investigación el presunto uso de documentación falsa para sustentar la inscripción registral de las actuales autoridades de la USP. Uno de los principales documentos cuestionados es una supuesta asamblea realizada el 20 de mayo de 2025, en la que se atribuye a Díaz Tello haber convocado, presidido y certificado la elección de las autoridades. El exrector rechaza esa versión y afirma que dejó el cargo en enero de 2023.

RSD informó en mayo pasado sobre la denuncia presentada por Díaz Tello contra Ulloa Siccha y los vicerrectores, así como contra los notarios Macedo Figueroa y Pastor la Rosa, por presuntas irregularidades relacionadas con la inscripción registral de las actuales autoridades de la USP. Posteriormente, la Notaría Macedo Figueroa rechazó las acusaciones y sostuvo que existían registros y controles biométricos que, según su versión, acreditaban la presencia del exrector en los trámites cuestionados. (W.C. – RSD Noticias).

Por Editor

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