La Contraloría General de la República aprobó una nueva directiva que obliga a los regidores municipales y consejeros regionales a presentar, de manera obligatoria, un informe cada seis meses sobre el uso del dinero destinado a labores de fiscalización.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la transparencia en la gestión pública y asegurar que los recursos asignados para supervisar a las autoridades sean utilizados correctamente.

Según la norma, los funcionarios deberán detallar cómo emplearon estos fondos durante el periodo correspondiente, permitiendo a la Contraloría verificar el adecuado uso del presupuesto y detectar posibles irregularidades.

Asimismo, la nueva directiva reemplaza una normativa anterior, incorporando mejoras en el proceso de presentación de los informes, con el objetivo de hacerlos más claros y comprensibles.

Con esta disposición, la Contraloría refuerza su rol de control y vigilancia, promoviendo una gestión pública más transparente y contribuyendo a la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales y municipales.

Por Editor

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