TRAS DENUNCIAS Y APELACIONES: PODER JUDICIAL REVOCA LIBERTAD DE INVESTIGADOS POR HOMICIDIO.

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones acogi贸 los argumentos del Ministerio P煤blico y dej贸 sin efecto la resoluci贸n que permiti贸 la excarcelaci贸n de los investigados, ordenando su inmediata ubicaci贸n y reingreso al penal de Huaraz.

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En el marco del denominado caso Salazar Atusparia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 脕ncash declar贸 fundada la apelaci贸n interpuesta por el Ministerio P煤blico y anul贸 la resoluci贸n que hab铆a dispuesto el cese de la prisi贸n preventiva de Carlos Magui帽a Mendoza y Carlos Magui帽a Apestegui, investigados por la presunta comisi贸n de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

鈽戯笍Fiscal铆a sostuvo que no exist铆an nuevos elementos para variar la medida coercitiva

Durante la audiencia de apelaci贸n, el Ministerio P煤blico cuestion贸 la decisi贸n de primera instancia al se帽alar que la defensa no present贸 nuevos elementos de convicci贸n capaces de desvirtuar los fundamentos que sustentaron originalmente la imposici贸n de la prisi贸n preventiva. En ese sentido, sostuvo que no se cumpl铆an los presupuestos legales exigidos para disponer el cese de dicha medida.

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Al emitir su pronunciamiento, el colegiado superior advirti贸 que la resoluci贸n apelada presentaba una motivaci贸n insuficiente y que el juez hab铆a sustentado su decisi贸n en argumentos que no fueron planteados ni debatidos por las partes durante la audiencia. Esta situaci贸n, seg煤n la Sala, afect贸 garant铆as fundamentales vinculadas al derecho de defensa y al debido proceso.

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Como consecuencia de esta decisi贸n, la Sala dej贸 sin efecto la libertad otorgada a los investigados y dispuso su inmediata ubicaci贸n, captura e internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz, a fin de que contin煤en cumpliendo el plazo pendiente de prisi贸n preventiva.

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Asimismo, la Sala orden贸 remitir copias de las actuaciones procesales a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la evaluaci贸n correspondiente respecto de la actuaci贸n del magistrado que emiti贸 la resoluci贸n anulada.

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Con esta decisi贸n judicial, se respalda la posici贸n sostenida por el Ministerio P煤blico en defensa de la legalidad y del correcto cumplimiento de las normas procesales, reafirmando su compromiso con una actuaci贸n objetiva y diligente en la persecuci贸n del delito, dentro del marco del debido proceso y las garant铆as constitucionales.

Por Editor

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