La criminalidad y sicariato en el país han desbordado la capacidad de internamiento de los9 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Según datos oficiales, 150 menores ingresan a diario a estos espacios, pese a que cuatro de estos centros están hacinados y dos sobrepoblados.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, por ejemplo, ya no puede recibir a ningún menor infractor, pese a que esta ciudad reporta la mayor cantidad de niños y adolescentes implicados en delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, sicariato y homicidios.

Frente a esta problemática realidad, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) —adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)— ha elevado a las cortes superiores de justicia los expedientes de 300 menores de edad retenidos en centros juveniles. El objetivo es que los jueces evalúen los casos y dispongan que cumplan su sanción libres. Además, propone que los infractores cuando alcancen los 18 años sean traslados a cárceles custodiadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

LIBERAR A 300 MENORES INFRACTORES

El director ejecutivo del Pronacej, Luis Vega, informó que en una primera fase se presentarán ante diversas cortes superiores de justicia los expedientes de 300 adolescentes para solicitar la variación de sus medidas socioeducativas, de un régimen cerrado a uno abierto.“Vamos a pedirle a los jueces que evalúen cada caso de los jóvenes y vean si pueden cumplen sus sanciones variarndo la medida de un medio cerrado a un medio abierto», detalló Vega.

“Vamos a pedirle a los jueces que evalúen cada caso de los jóvenes y vean si pueden cumplen sus sanciones variarndo la medida de un medio cerrado a un medio abierto», detalló Vega.

La gravedad del problema también se refleja en Lima y Callao. Según reveló Vega, solo en el Centro Juvenil de San Miguel hay nueve adolescentes de apenas 14 años que ingresaron en menos de un mes por casos de sicariato.

De acuerdo con datos del Ministerio Públicoentre enero y mayo de este año se registraron más de 10 mil infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad. Lima concentra el 23,9% de los casos, seguida de Lambayeque (7,8%) y La Libertad (5,5%). Los adolescentes de 15 y 16 años son quienes presentan la mayor incidencia delictiva.

QUE MAYORES DE 18 VAYAN A CÁRCELES COMUNES

Otro dato que preocupa es que de los 2,026 internos en centros juveniles, más de la mitad —el 51%— ya alcanzó la mayoría de edad. Por ello, Pronacej también ha planteado una modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente para permitir que los internos de alta peligrosidad que cumplan 18 años sean trasladados a establecimientos penitenciarios administrados por el INPE.

La propuesta contempla esta medida en casos de nuevas infracciones, faltas disciplinarias graves o cuando exista un alto riesgo de reincidencia violenta determinado por especialistas.

Por Editor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *