𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐄𝐍 𝐇𝐔𝐀𝐂𝐇𝐎: 𝐔𝐍 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐐𝐔𝐄 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐀 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐑 𝐌𝐀́𝐒 𝐀𝐋𝐋𝐀́ 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐈𝐂𝐀𝐑𝐈𝐀𝐓𝐎.

Tres disparos en la cabeza. Dos sicarios que ingresan con absoluta frialdad a un restaurante. Un objetivo plenamente identificado. Un acompañante que logra escapar en medio del pánico. En cuestión de segundos, Javier Alberti Villanueva Loyola (53) fue ejecutado la noche del martes en un céntrico chifa de la calle Túpac Amaru, en Huacho.

No fue un robo. No hubo amenazas ni discusión previa. Todo apunta a una ejecución cuidadosamente planificada, una modalidad cada vez más utilizada por organizaciones criminales para eliminar objetivos específicos.

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para determinar el móvil del asesinato. Sin embargo, el caso trasciende el ámbito policial. La trayectoria del fallecido dentro de la administración pública obliga a formular preguntas que no pueden quedar sin respuesta.

Javier Alberti Villanueva Loyola, natural de Áncash, no registraría procesos penales públicos hasta la fecha. Sin embargo, en 2024 el diario La República publicó una investigación periodística en la que se le vinculaba con una denuncia por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de una obra del Proyecto Legado en Ayacucho durante la gestión del entonces gobernador regional Wilfredo Oscorima.

Pese a esos cuestionamientos públicos, terminó ocupando un cargo de confianza como jefe de Logística del Hospital Regional de Huacho entre el 9 de julio de 2025 y el 23 de enero de 2026, una posición estratégica desde la cual se administran millonarias contrataciones públicas. Posteriormente pasó a laborar en la EPS EMAPA Huaral.

La gran pregunta es inevitable: ¿Quién decidió traerlo a Huacho y por qué?

Durante ese periodo, el Gobierno Regional de Lima atravesaba una de las etapas más cuestionadas de su historia reciente. La gestión encabezada por la exgobernadora regional Rosa Vásquez quedó marcada por múltiples investigaciones, denuncias por presuntas irregularidades y procesos judiciales que terminaron con su condena y posterior condición de prófuga de la justicia.

En ese escenario resulta indispensable esclarecer quién patrocinó el ingreso de Villanueva Loyola al Hospital Regional de Huacho. ¿Fue una decisión de la Dirección Regional de Salud? ¿Del entonces director del hospital, Dr. Guillermo Morales de la Cruz? por cierto este personaje ejercía ambos cargos en ese año ¿Tal vez de algún coordinador que controlaba las designaciones de confianza? ¿O respondió a órdenes provenientes de los más altos niveles del Gobierno Regional?

No se trata de lanzar acusaciones, sino de exigir explicaciones. Los cargos de confianza existen para incorporar profesionales de reconocida trayectoria, no para convertirse en espacios donde los filtros desaparecen y las designaciones escapan al escrutinio público.

El asesinato también plantea otra interrogante que las autoridades no pueden ignorar. Cuando un exfuncionario que manejó información sensible sobre contrataciones públicas es ejecutado por sicarios, todas las hipótesis deben investigarse con el mismo rigor. Desde un posible ajuste de cuentas hasta la eventual existencia de intereses destinados a impedir que determinada información salga a la luz. Cualquier conclusión apresurada sería irresponsable, pero descartar líneas de investigación desde el inicio sería aún más grave.

La historia reciente del Perú demuestra que las redes de corrupción ya no solo operan mediante el intercambio de favores o el pago de sobornos. En diversos casos investigados por la justicia, organizaciones criminales han recurrido a la intimidación, las amenazas y la violencia para proteger sus intereses. Precisamente por ello, este crimen exige una investigación que vaya mucho más allá de identificar a los autores materiales.

La pregunta de fondo no es únicamente quién apretó el gatillo, sino quién tenía interés en que Javier Alberti Villanueva Loyola dejara de hablar, qué información manejaba y si su muerte guarda relación con decisiones adoptadas durante su paso por entidades públicas, hay que recordar que no es el primer funcionario del gobierno regional ejecutado por sicarios durante la gestión de Rosa Vásquez en el 2023 sicarios acabaron con la vida de Walter Evaristo Quito, inspector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GORELI.

Responder esas preguntas ya no es solo una tarea policial. Es una obligación del Ministerio Público y un asunto de interés público. Porque cuando un funcionario vinculado a áreas estratégicas del Estado termina ejecutado por sicarios, el país tiene derecho a conocer toda la verdad, caiga quien caiga.