Las denuncias por presunta contaminación ambiental y posibles vulneraciones de derechos humanos en el distrito de San Marcos llegaron hasta las Naciones Unidas (ONU), que solicitó al Estado peruano responder sobre las acciones adoptadas frente a las actividades de la Compañía Minera Antamina. Entre sus requerimientos, el organismo internacional pidió explicar las investigaciones realizadas, las medidas de protección a la población y los fundamentos técnicos que sustentaron la aprobación de la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la mina hasta el año 2036.

La comunicación de la ONU también hace referencia al luchador social y presidente del FEDIP San Marcos, Julio Rímac Damián, quien, según la información recibida por el organismo internacional, tenía previsto realizar un viaje de incidencia para denunciar los presuntos impactos ambientales atribuidos a Antamina. Asimismo, señala que un día antes de ese viaje habría sido amenazado por personas armadas para que dejara de denunciar estos hechos.

En respuesta, el Estado peruano remitió un informe oficial a la ONU en el que detalla supervisiones, monitoreos ambientales, procesos de fiscalización y el procedimiento seguido para aprobar la modificación del MEIA. Sin embargo, el documento se centra principalmente en informar las actuaciones realizadas por las entidades del Estado frente a las denuncias planteadas por las comunidades de San Marcos.

El caso continúa bajo seguimiento de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, que esperan que el Estado peruano garantice la protección de las comunidades, esclarezca las denuncias y adopte acciones efectivas para prevenir nuevas afectaciones.

Por Editor

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