𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜́𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝟮𝟬 𝗔𝗡̃𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟.

En la lucha contra los delitos que vulneran la libertad sexual y en defensa de los derechos de las víctimas, el Ministerio Público logró que la Sala Mixta Descentralizada de Huari declare infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Cristian López Flores y confirme la sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de libertad por el delito de violación sexual, luego de que la Fiscalía solicitara mantener vigente la decisión judicial emitida en primera instancia.

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝑷𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒊𝒐́ 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂

Durante la audiencia de apelación, el Dr. William Peralta Pinto, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Mixta de Huari solicitó que se confirme la sentencia condenatoria, señalando que la resolución cuestionada se encontraba debidamente fundamentada y sustentada en la valoración de los elementos probatorios incorporados durante el proceso.

𝑺𝒂𝒍𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐́ 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐

Luego del análisis de los argumentos expuestos por la defensa y la revisión de la sentencia apelada, la Sala Superior concluyó que no existían fundamentos para modificar la decisión judicial, determinando que la condena fue emitida respetando las reglas de valoración probatoria, el debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En consecuencia, el colegiado confirmó la sentencia que impuso al condenado 20 años de pena privativa de libertad, además de las medidas complementarias establecidas por el órgano jurisdiccional, entre ellas la inhabilitación, reparación civil y tratamiento terapéutico.

𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒂𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒐 𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍

La decisión obtenida en segunda instancia refleja la labor del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y la persecución penal de delitos que afectan derechos fundamentales, promoviendo que las investigaciones y acusaciones fiscales sean evaluadas bajo los criterios establecidos por el sistema de justicia.