ÁNCASH: GOBIERNO AMPLÍA ESTADO DE EMERGENCIA EN 28 DISTRITOS POR LLUVIAS INTENSAS.

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en 28 distritos de la región Áncash debido al peligro inminente por lluvias intensas, con el fin de continuar las labores de prevención, respuesta y rehabilitación frente a posibles desastres naturales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM y entrará en vigencia desde el martes 19 de mayo de 2026. La disposición también alcanza a distritos de las regiones Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

En el caso de Áncash, la prórroga incluye al distrito de La Merced, en la provincia de Aija; La Primavera, Mangas y Ticllos, en la provincia de Bolognesi; Amashca, Carhuaz y Tinco, en Carhuaz; y Buena Vista Alta y Casma, en Casma.

Asimismo, el distrito de Huarmey perteneciente a la provincia del mismo nombre; Caraz y Huallanca, en la provincia de Huaylas; Llumpa, en Mariscal Luzuriaga; San Cristóbal de Raján, en Ocros; Pallasca, en la provincia del mismo nombre, y Catac, en la provincia de Recuay.

En la provincia del Santa fueron incluidos los distritos de Cáceres del Perú, Chimbote, Moro, Nepeña y Santa. En tanto, en la provincia de Yungay se encuentran comprendidos los distritos de Mancos, Matacoto, Quillo, Ranrahirca, Shupluy, Yanama y Yungay.

Según el Ejecutivo, aún existen acciones pendientes para reducir los riesgos ocasionados por las precipitaciones pluviales, principalmente trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además de la entrega de ayuda e insumos agrarios a las familias afectadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y municipales continúa sobrepasada, por lo que se requiere mantener el apoyo técnico y operativo del Gobierno Nacional.

La norma establece que durante este nuevo periodo continuarán interviniendo diversas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Interior y Defensa, además de otras instituciones vinculadas a la atención de emergencias.

Las autoridades deberán ejecutar medidas inmediatas orientadas a reducir el riesgo en las zonas vulnerables y atender posibles daños a la población, infraestructura, agricultura y servicios básicos.

El decreto también precisa que las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales ya asignados, por lo que no se destinarán recursos adicionales del tesoro público.