El pleno del Congreso aprobó este jueves, por segunda vez, la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

se adoptó con 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, luego de que la magistrada denunciara a 11 congresistas por presunta negociación incompatible tras promover una ley que permite cobrar simultáneamente una pensión militar y el sueldo parlamentario.

Espinoza ya había recibido una sanción similar en diciembre de 2025, luego de oponerse a la Ley N° 32130, que otorga mayor discrecionalidad a la Policía Nacional (PNP) en la investigación de delitos, al asignarle la conducción operativa de las diligencias preliminares, mientras el Ministerio Público conserva solo la conducción jurídica.

La magistrada advirtió que este cambio reduce la capacidad de acción fiscal en la fase preliminar y limita su papel a autorizar la apertura de investigaciones, vigilar y orientar, mientras la PNP asume un rol principal en las indagaciones iniciales.

La reciente inhabilitación fue aprobada luego de que el congresista y almirante retirado Jorge Montoya solicitara una reconsideración para repetir la votación realizada en el pleno el 12 de marzo. Se requerían 66 votos para aceptar la reconsideración y 68 para confirmar la sanción.

Con la votación consumada, la legisladora Ruth Luque (Juntos Por el Perú) señaló que el “pacto” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso (APP) “y un largo etc” nuevamente cobraron la cabeza de la magistrada.

Luque también recordó que “la semana pasada aprobaron una ley para retirarla del cargo que ejerce en el CAL y hoy insisten con esta denuncia”.

“No le perdonan que se les haya enfrentado. Sobretodo (Fernando) Rospligliosi (titular del Parlamento), quien tiene una sentencia penal por difamación debido a la denuncia interpuesta por Delia Espinoza”, agregó.

Por su parte, Susel Paredes manifestó su rechazo a la medida adoptada contra la exfiscal de la Nación y afirmó que esta aprobación “es venganza política y demolición”.

Condena

En abril pasado, Rospigliosi fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada por haber declarado que Espinoza era “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Asimismo, le impuso el pago de las costos procesales y de 100 días multa en favor del Estado.

La jueza Norma Carbajal ordenó al parlamentario fujimorista algunas medidas de conducta como no variar de domicilio, presentarse al control biométrico y no cometer nuevo delito doloso.

Rospigliosi acusó a la magistrada de reunirse con familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023, a los que calificó de “típica fachada de subversivos”, para “jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares”, que evitaron la restitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tras el fallido autogolpe de 2022.

Por Editor

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