ÁNCASH: FISCALÍA PIDE 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA EXJUEZA Y AHORA CANDIDATA DE FUERZA POPULAR.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa solicitó ocho años de cárcel contra la exjueza de la Corte Superior de Justicia del Santa y actual candidata a diputada por Áncash de Fuerza Popular, Liliana Otero Salinas, por su presunta vinculación con el denominado clan del abogado limeño Rodolfo Orellana Rengifo.

De acuerdo con el requerimiento acusatorio al que tuvo acceso RSD, el fiscal superior Víctor Meza Torres le imputa el delito de cohecho pasivo específico, en calidad de autora. En el mismo caso también están comprendidos el empresario y abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el abogado Rafael Montoya Álvarez, y Yuri Espinoza Vargas, hermano del congresista de la República, Darwin Espinoza Vargas.

El Ministerio Público ha identificado al “Clan Orellana” como una organización criminal compleja que operó entre los años 2002 y 2014, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas mediante diversas modalidades de fraude y corrupción.

Según la investigación fiscal, el grupo delictivo creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), entidad que emitía cartas fianza sin respaldo patrimonial ni autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas eran utilizadas por empresas vinculadas para participar en procesos de contratación pública, obtener adelantos de dinero del Estado y simular solvencia económica.

En ese contexto, Rodolfo Orellana habría designado a Rafael Montoya Álvarez como presidente del consejo de administración de Coopex, quien presentó una demanda de amparo con medida cautelar contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El objetivo —dice la Fiscalía— era conseguir, mediante el pago de sobornos, una resolución judicial que permitiera a la cooperativa continuar operando con apariencia de legalidad.

Para ello —agrega la resolución fiscal— se utilizó a la empresa Constructora Quimera S.A.C. (vinculada a Coopex), la cual solicitó una medida cautelar alegando la supuesta vulneración de derechos constitucionales. La Fiscalía sostiene que, a cambio de favorecer este pedido, se habría entregado un soborno de 10 mil dólares a la entonces jueza Liliana Otero Salinas, del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La exmagistrada habría concedido de manera irregular la medida cautelar, ordenando que Coopex sea incluida como entidad autorizada para emitir cartas fianza. Tras ello, Rodolfo Orellana autorizó el desembolso de 10 mil dólares para ser entregados al abogado Rafael Montoya Álvarez, a quien contactó a Yuri Espinoza Vargas (quien era personal de su confianza y administrador de su estudio jurídico) para que este entregue el dinero a la hoy exjueza y candidata a diputada por Fuerza Popular.

Posteriormente, esta medida fue anulada por el juez Alfredo Cuipa Pinedo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara improcedente el recurso presentado por Constructora Quimera S.A.C. y Coopex.

La Fiscalía también detalló que Coopex emitió una carta fianza en diciembre de 2010 a favor del consorcio Salem, que obtuvo la buena pro para la construcción del Coliseo Cerrado de Chimbote, durante la gestión del exgobernador regional César Álvarez Aguilar. Con esta, valorizada en 33 millones de soles, se obtuvo un adelanto del 60 % del presupuesto, pero quedó inconclusa. Actualmente, el proyecto ha sido retomado por la gestión del gobernador Koki Noriega Brito.

En su acusación, el Ministerio Público también solicita seis años y seis meses de prisión para Rodolfo Orellana, Rafael Montoya Álvarez y Yuri Espinoza Vargas, así como un año y seis meses de inhabilitación para Otero Salinas en el ejercicio de la función pública.

El requerimiento ya fue presentado ante el juez superior de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Carlos Castro Rodríguez, mientras que la Procuraduría Anticorrupción deberá determinar el monto de la reparación civil.